“Señor Director, señoras y señores del profesorado del IES Irlandesas Loreto:

Soy Abel Trujillo, el Director Autonómico de Cataluña de Jóvenes Patriotas Españoles, hoy hablo en nombre de todos los de mi organización.

Les escribimos con palabras que no buscan el eufemismo ni el rodeo diplomático. Les escribimos para poner nombre y apellidos al daño que ha ocurrido bajo la tutela de una institución que asumimos debía proteger. Les escribimos porque hay un deber público de señalar aquello que, por omisión, ha destruido una vida.

Una menor, Sanda Peña, de 14 años, ha muerto. Una hija ha sido arrebatada a sus padres; una familia entera vive ahora un hueco imposible de medir. Lo que ha sucedido no es un accidente sin autor. No fue una fatalidad que cayó del cielo: fue el resultado —directo y previsible— de una cadena de negligencias, de silencios y de decisiones conscientes de no actuar. Ustedes tuvieron en sus manos herramientas para evitarlo: protocolos, canales de denuncia, procedimientos que la ley y la ética institucional estipulan para momentos como éste. No los activaron. No actuaron con la diligencia mínima exigible.

Digan lo que digan los papeles, la realidad humana es tozuda: mientras Sandra pedía, el centro callaba; mientras la niña se debilitaba y lloraba,  la respuesta no llegó. Ustedes miraron hacia otro lado. Ustedes permitieron que la broma cruel, la burla repetida y la humillación se convirtieran en rutina. 

Ustedes transformaron la palabra “protocolo” en un adorno burocrático, en un folio que no pesó lo suficiente para frenar la tormenta que acabó con una vida.

¿Saben lo que es quitarle una hija a un padre y una madre? ¿Saben cuánto pesa ese vacío en una casa, en una mesa, en una cena que ya no tiene sentido? No es retórica: es lo que sus decisiones, su inacción y su indiferencia han provocado. La responsabilidad no es una metáfora cuando una familia llora a su hija. La culpabilidad tiene nombres y cargos, y en este caso esos nombres y cargos ocupan despachos y aulas de este  instituto.

Les decimos con la claridad que merecen: Son ustedes los culpables. Culpables morales por la omisión, culpables institucionales por no seguir las medidas previstas, culpables humanos por no proteger a quien estaba a su cuidado. No hagan relativa la frase. No intenten circunscribirla a un lenguaje legal que busque eximir a quienes tenían la obligación de proteger. La gravedad de lo ocurrido exige que la denominación sea directa; la moralidad pública exige que se pronuncie sin vacilaciones.

No pedimos gestos simbólicos ni comunicados que suenen a limpieza de imagen: exigimos medidas concretas, transparentes y verificables. Exigimos que:

1. Se publique de forma inmediata un reconocimiento público de la omisión institucional y de la gravedad del daño causado a la familia de Lucía.

2. Se ponga en marcha, con participación de entidades independientes, una investigación exhaustiva que documente quiénes conocieron los hechos, qué se hizo y qué no se hizo.

3. Se reevalúe y se haga una reestructuración del protocolo antiacoso del centro con la colaboración de especialistas y de asociaciones de víctimas, con plazos y responsables claros.

4. Se pongan a disposición de la familia medidas de reparación —reales, no meramente simbólicas— que incluyan apoyo psicológico, encuentros con la comunidad educativa y medidas que impidan la revictimización.

5. Se adopten sanciones administrativas y disciplinarias, cuando proceda, para quienes contribuyeron con su pasividad a que una menor perdiera la vida.

6. Se hagan dimisiones en este centro, ya tenéis sangre de una pobre niña en vuestras manos.

Sabemos que el peso de estas palabras puede incomodar. Está bien que incomoden. Ustedes han sido cómplices del silencio que mató. El confort administrativo, la torpeza organizativa o la prudencia mal entendida no pueden ser escudos ante una vida arrebatada. La escuela, que se proclama espacio de formación y protección, ha fallado de la manera más elemental: en la prevención de la violencia contra un menor.

No aceptaremos que la muerte de Sandra  quede reducida a una nota de prensa tibia o a una “evaluación interna” que nadie pueda comprobar. No permitiremos que el caso se convierta en una estadística impersonal que se esfuma entre actas y rúbricas. Esta organización y la comunidad exigirán respuestas claras y el escrutinio que corresponde a una omisión de esta magnitud.

Les damos un plazo máximo de **quince (15) días naturales** desde la recepción de esta carta para comunicar públicamente las medidas adoptadas y para facilitar el acceso a la investigación externa que proponemos. Si no se dan pasos concretos, JPE promoverá todas las acciones públicas y administrativas necesarias para que la verdad salga a la luz y para que la responsabilidad no se diluya en el tiempo.

La gente se queja en vuestras redes sociales, y vosotros solo sois capaces de ocultar los comentarios de las publicaciones, eso solo lo hacen porque saben que algo han hecho mal.

No se equivoquen: esto no es una vendetta. Es una exigencia ética. Es la paralela del llanto de una madre que no tendrá más abrazos que los que ahora le faltan. Es la voz de una comunidad que no tolerará que la negligencia quede impune. Es, sobre todo, la memoria de Sandra,  que reclama que su muerte sirva para evitar la repetición de esta tragedia y para que ninguna otra familia sufra lo que la suya sufre hoy.

Deben saber también que el silencio y la inacción tienen un coste social. Las escuelas que callan ante el dolor pierden la autoridad moral para educar, para guiar y para proteger. Ustedes se han desposeído de esa autoridad por su falta de actuación. Reconózcanlo. Asuman las consecuencias. Actúen con la seriedad que la vida de una menor merece.

Reciban este escrito como lo que es: una denuncia moral y una orden ética. No habrá descanso para quienes permitan que la educación se convierta en un instrumento de daño. La memoria de Sandra exige justicia moral y, cuando proceda, consecuencias tangibles.

Se adjunta copia de esta carta a los familiares de la víctima, a asociaciones de protección infantil y a los medios de comunicacion locales. La memoria no se archivará en un cajón.

Atentamente,

Abel Trujillo, Presidente de JPE en Cataluña y la Directiva de JPE

Director Autonómico de Cataluña en JPE.”