Desde Jóvenes Patriotas Españoles (JPE), manifestamos nuestra más absoluta y enérgica condena ante la presunta agresión sexual ocurrida el pasado 24 de octubre en Euskadi, un suceso que ha vuelto a sacudir a nuestra nación y a nuestra juventud. Es intolerable que nuestras calles se conviertan en zonas de inseguridad para nuestras mujeres y jóvenes.

​Nuestra solidaridad está, sin reservas, con la víctima. Exigimos una investigación implacable y que el peso máximo de la ley caiga sobre el presunto culpable, sin paliativos ni justificaciones ideológicas.

​La Inseguridad y la Inmigración Ilegal: Una Causa-Efecto Evidente

​Los motivos esgrimidos por la jueza para dictar prisión provisional son una acusación directa a la política migratoria del Gobierno:

​Grave Riesgo de Fuga: Derivado de su situación irregular y su total falta de arraigo en España.

​Este hecho demuestra que la laxitud en el control de fronteras y la permisividad con la inmigración ilegal genera bolsas de inseguridad que ponen en riesgo la vida y la libertad de los españoles.

​Destrucción de Pruebas: La falta de control y la opacidad que rodea a estos individuos facilitan la impunidad.

​No vamos a aceptar que se trate este caso como un hecho aislado. La vinculación de graves delitos con individuos en situación irregular, que carecen de arraigo y respeto por nuestras leyes, es una emergencia nacional que el Gobierno se niega a afrontar. Es inadmisible que existan agresores sexuales en situación irregular con órdenes de expulsión que no se han ejecutado, o que incluso hayan reincidido tras cumplir condena.

​Exigencia de Transparencia y Actuación Inmediata

​Ante esta crisis de seguridad que amenaza a nuestra juventud y a nuestras familias, desde Jóvenes Patriotas Españoles anunciamos que nuestros trámites han comenzado ahora para exigir responsabilidades a quienes han fallado en su deber de proteger a los españoles:

​Al Gobierno Vasco:

​Requeriremos información precisa y detallada sobre la gestión de la seguridad ciudadana y la prevención de este tipo de violencia.

​Demandando saber si la Ertzaintza o los servicios sociales tenían constancia de antecedentes o situaciones de riesgo previas por parte de este individuo.

​Al Gobierno de España: Elevaremos, con carácter de urgencia, las siguientes preguntas:

​Responsabilidad Fronteriza: ¿Cómo pudo este individuo entrar en territorio nacional y por qué se le ha permitido permanecer en situación irregular, representando un peligro para la seguridad pública? 

Exigimos conocer el día y lugar de su entrada.

​Control y Expulsión: ¿Cuántos individuos en situación irregular con historial delictivo o en riesgo de reincidencia están actualmente en España y qué medidas concretas se van a implementar, de manera inmediata, para proceder a su expulsión de nuestro país? 

Exigimos un censo de todos los extranjeros que tienen o han tenido orden de expulsión por delitos graves y siguen en territorio nacional.

​Seguridad Nacional: ¿Qué plan tiene el Gobierno para reforzar las fronteras y garantizar que la llegada de inmigrantes sea siempre legal, ordenada y con garantía de seguridad para los españoles, eliminando el efecto llamada que genera la inseguridad?

​La seguridad de la Nación no es negociable. Exigimos la derogación de las políticas de fronteras abiertas y la expulsión inmediata de todo aquel que atente contra la integridad y la vida de un solo español.

​España exige orden, seguridad y justicia.

​Agravante de Seguridad Nacional: El Caso de la ‘Nueva Manada’ de Pamplona

​La crisis de seguridad y la ineficacia administrativa denunciada no es un hecho aislado, sino un patrón con consecuencias letales, tal y como evidencia el gravísimo y reciente caso de la denominada ‘Nueva Manada’ de Pamplona.

​Se ha confirmado que tres de los detenidos por la violación grupal en Pamplona tenían órdenes de expulsión vigentes de España que el Ministerio del Interior no había ejecutado. Este hecho no es solo una negligencia administrativa, sino una omisión directa del deber de proteger a los españoles. La permisividad del Gobierno ha permitido que individuos con riesgo delictivo y con una situación administrativa definida por la ilegalidad permanezcan libremente en nuestro territorio, culminando en un delito de extrema gravedad.

​JPE exige la comparecencia urgente del Ministro del Interior para que explique por qué estas órdenes de expulsión han sido papel mojado, confirmando la impunidad estructural que denunciamos y que pone en peligro constante a nuestras mujeres y a nuestra juventud.